Olga Feliú

Incertezas

Consejera del Colegio de Abogados

Por: Olga Feliú | Publicado: Jueves 30 de junio de 2016 a las 04:00 hrs.
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Olga Feliú

Las cifras económicas son demostrativas de una economía que se resiste a la recuperación. Las autoridades, que han invitado con entusiasmo, a que los empresarios inviertan, e incluso, propuesto imaginativas medidas para revertir tal situación, miran con cierta extrañeza la porfía de los hechos. Esta falta de dinamismo no debiera causar asombro alguno pues hay diferentes factores que influyen decisivamente en ello. Los más destacados: la ausencia de certidumbre sobre el futuro institucional, encabezado por la Carta Fundamental; las reformas educacional y laboral; la falta de una Administración Pública eficiente y no politizada, la intromisión franca y abierta de las autoridades en materias político electorales y el lenguaje amargo y descalificatorio de toda discusión pública.

El país se ve enfrentado a reformas constitucionales sin marco alguno, pues éstas no están definidas ni en su profundidad ni en los ámbitos que abarcarán, como tampoco en las fechas de cierre. Es decir, la más absoluta falta de certeza. No debieran olvidar quienes gobiernan que, como lo han destacado los más preclaros economistas, los países son grandes por la solidez de sus instituciones y no por sus recursos naturales. ¿Qué solidez puede surgir de cambios sin perfiles definidos y que se pretenden aptos para materializar los sueños de millones de personas? Los sueños de cada uno no son propios de una Carta Constitucional, ni de ley alguna.

¿Qué certeza existe en las ambiciosas reformas educacionales?, cuestionadas por reconocidos expertos, sin concreción en su alcance pues se establecen en glosas de breves palabras cuya interpretación administrativa recaerá en las autoridades ministeriales. Lo único claro es la estatización, el paso a la Administración Central de todos los establecimientos educacionales y la reglamentación en materias propias de la autonomía, tales como tareas para la casa o qué debe ser una Universidad.

Tan definida presencia, propiedad e intervención del Estado es inconciliable con los derechos considerados en el Pacto de San José de Costa Rica –de obligatorio acatamiento para el Estado- que compromete a los Estados Partes, Chile entre ellos, a respetar la libertad de padres y tutores, “de escoger para sus hijos y pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas … y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Como asimismo, el reconocimiento irrestricto de ese Pacto al derecho de los particulares para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, ajustándose a las normas mínimas que prescriba el Estado.

La reforma laboral, con su largo tiempo en hibernación tampoco aporta certeza; y ahora, por el contrario, se anuncia, anticipándose, que generará alta judicialización. Además, desincentiva la oferta al trabajo al eliminar la flexibilidad de jornada, tan propicia para permitir trabajar a mujeres y jóvenes, especialmente estudiantes.

A lo anterior se agrega una Administración del Estado que crece de manera inorgánica y que en múltiples campos no funciona.

Sobre ella es pertinente reiterar –aunque sea majadero- que es necesario restituirle su carácter profesional ajeno a los cambios políticos de gobierno y reconociendo una carrera funcionaria y el derecho de las personas a incorporarse al servicio del Estado como lo asegura la Carta Fundamental. La aprobación de nuevas competencias otorgadas a Servicios públicos que no cuentan con dotaciones eficientes y despolitizadas, genera una desconfianza justificada en los actores económicos.

A este complejo panorama de incertezas, se agrega la proximidad de elecciones que traerá una discusión pública, con la pasión propia de la política, todo lo que, por cierto, no contribuirá a incentivar la toma de decisiones económicas.

Las consecuencias del resultado del Brexit son ilustrativas de que la incertidumbre, por sí sola, genera grave retraimiento económico. Las autoridades deben tomar nota de ello y despejar los caminos propios en lo que les competa, para reanudar el crecimiento en un mundo tan complejo que no necesita de ayuda gubernamental, negativa.

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